La Agencia Española de Protección de Datos ha condenado a la Sociedad General de Autores (SGAE) a pagar una multa de 30.000 euros por considerar que, aun habiendo falta de intencionalidad, sus cámaras instaladas en su sede de Santiago vulneran la Ley Orgánica de Protección de Datos. El Movemento polos Dereitos Civís denunció en mayo del 2009 que las cámaras instaladas en Arteria Noroeste, la sede de los autores situada en la compostelana rúa Salvadas, enfocaban a la vía pública, contraviniendo así la legalidad.

Para la agencia, se trata de una falta grave, y así se lo notificó a los responsables de la instalación con fecha 29 de septiembre pasado. «Los hechos fundamentales acaecidos […] -señala en su resolución Ignacio García Belenguer, secretario general de la Agencia Española de Protección de Datos- se centran en la captación y grabación de imágenes de personas identificables en la vía pública, lo que denota una falta de diligencia inexcusable». Y repara el instructor en una particularidad que, tratándose de la SGAE, le llama más si cabe la atención: «La diligencia exigible -dice- nos la da la profesionalidad del infractor, es decir, la actividad a la que se dedica, porque esta debe ser mayor cuando, precisamente, se maneja un gran número de datos personales».

Cita a este respecto la agencia una sentencia de la Audiencia Nacional que, precisamente, repara en que las entidades que traten un gran volumen de datos personales en sus ficheros deben extremar el cuidado en el manejo de dichos datos para lograr una protección eficaz, «pues está en juego un derecho fundamental autónomo, el derecho a la protección de datos personales según la sentencia del Tribunal Supremo 292/2000». La resolución tiene en cuenta, no obstante, que la instalación de las cámaras en el exterior del edificio de la SGAE «respondía a la intención de proteger el mismo de actos vandálicos» y que el sistema de vídeo fue instalado por una empresa de seguridad privada.